RECONSTRUCCIÓN CON INCLUSION SOCIAL HACIA UN PLAN DE ACCION

http://www.senadis.cl/prensa/noticia_detalle.php?id=758
PANEL: RECONSTRUCCIÓN CON INCLUSION SOCIAL HACIA UN PLAN DE ACCION

 

Tema: Participación Social, Discapacidad y Reconstrucción

Buenos días, en primer lugar quisiera agradecer a los organizadores por su invitación a este Panel. También, deseo expresar mi beneplácito por la reformulación de la Ley N° 19284, virtud por la cual, el Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS) se convirtió en el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), considerando que este nuevo articulado representa un gran adelanto y modernización de la normativa vigente, ya que el abordaje de la discapacidad y de las personas con discapacidad en adelante, deberá ajustarse a una mirada de respeto a derecho. Este cambio se venía esperando por años.

La vinculación de estos 3 conceptos pareciera algo forzado, mas en las circunstancias actuales; más aún en la Región de la que provengo es lógico pensar su ligazón. Participación Social, Discapacidad y Reconstrucción tendrían que conjugarse en cualquier iniciativa destinada a abordar temas que involucren a la sociedad civil y por ende, a las personas con discapacidad visual.

En el artículo III de la Ley N° 20422 letra E, se declara “participación y diálogo social es un proceso en virtud del cual las personas con discapacidad, las instituciones que las representan y las que agrupan a sus familias, ejercen un rol activo en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que les conciernen”.

Por supuesto, dicha participación presupone a personas con capacidad para interactuar exitosamente con su entorno y conocedoras de los procesos en los cuales se debieran involucrar. Así también, esta participación requiere de instituciones fuertes, representativas y con capacidad de gestión. Ello, pues sin preparación, sin poder de gestión, sin conocimiento es casi imposible participar en la elaboración, ejecución ni menos en el seguimiento o evaluación de ningún tipo de políticas públicas. Por otro lado, la prevalencia de las personas con discapacidad en nuestro país, según el Estudio ENDISC 2004, nos informa de más de 2 millones de personas con discapacidad, el 12% del total de la población de Chile. Estudio que identifica a más de 634 mil 906 personas con problemas visuales. La gran mayoría al margen y fuera de los beneficios de tales políticas públicas y lo que es peor, sin acceder a los servicios que requieren.

De acuerdo a estas cifras se puede desprender o constatar que es importante en cantidad el número de personas que viven en Chile con una discapacidad; siendo la mayoría de ellas (86,1%) personas adultas que no acceden a procesos sistematizados de rehabilitación que les permita incluirse de manera autónoma a su comunidad más inmediata; para hacer evidente el cumplimiento de los derechos más elementales a la no discriminación descritos y reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ONU 1948.

La normativa legal vigente declara el derecho de las personas con discapacidad visual a la rehabilitación. No obstante, las estadísticas nos dan cuenta que solo el 14% realmente accede a este importantísimo servicio. En el área de la discapacidad visual el Estado chileno no reconoce ni financia Programas regulares de rehabilitación básica funcional, nivel indispensable para conseguir que la persona que adquiere una ceguera ya de adulto logre objetivos de autonomía, que le posibiliten incorporarse a la educación, capacitación laboral o simplemente, retomar roles socio familiares, de forma activa y participativa en su comunidad. Hoy, son muy pocas las instituciones que ofrecen estos programas en Chile, ya que deben autofinanciarlos.

En el ámbito de la inserción laboral, gracias a convenios con entidades internacionales, hemos contado con el Proyecto Chile, bajo la alianza ONCE – UNCICH – BID – MIDEPLAN, hoy Proyecto Agora bajo la tuición de ONCE – Fundación Luz y MIDEPLAN, con buenos resultados, pero aún insuficientes. Lo anterior hace obligatorio que el Estado se involucre directamente en sustentar estos procesos, sin los cuales la real inclusión social de las personas con discapacidad es sólo una ilusión.

Paralelamente, el nivel de organización de las personas con discapacidad y en especial de personas ciegas o con baja visión, porcentualmente es bajísimo, sin considerar que las organizaciones de autoayuda existentes poseen, salvo en honrosas excepciones, un escaso poder de gestión y por ende, de influencia en la formulación de estas mismas políticas públicas.

Al sumar el 3° concepto (Reconstrucción) a los dos anteriores, es inevitable mencionar que el 12,9% de un todo, debería tener algo que decir y que necesariamente, tendría que ser involucrado cuando se trate de iniciar un proceso de reconstrucción de una zona tan extensa como  la que afectó el pasado terremoto.

En lo personal y desde la realidad que se vive en nuestra Región del Biobío, podría contarles que hoy es una “excursión a terrenos ignotos”, cada vez que una persona ciega sale a la calle en Concepción y ni hablar, si esto ocurre en Talcahuano, Dichato o Constitución, que son las ciudades más dañadas, pero también en otros lugares de las regiones declaradas en Estado de Catástrofe.

El escenario que se modifica día a día por una pandereta que cayó, un forado nuevo o una demolición es una barrera física, casi insalvable, pero a la vez constituye una barrera social que hace más compleja la vida de las personas con discapacidad visual que habitan en dichas regiones.

Lo anterior, complica el tránsito de todos los habitantes, más aún el de los ciudadanos con discapacidad. Por supuesto, ello aumenta la difícil conectividad en el desplazamiento y el desarrollo de las actividades cotidianas y por ende, influye en la seguridad de este significativo colectivo, restringiendo su movilidad y las posibilidades de traslado hacia y desde los Centros Especializados.

Puede que exagere, pero la cantidad de riesgos que se deben afrontar son inmensos: escombros, desniveles, casas o edificios en peligro cierto de derrumbe, la cantidad de hoyos provocados por los trabajos de reparación de las compañías de servicios básicos, harán que la vida de las personas con discapacidad durante mucho tiempo, quizás años, muy compleja y diferente a la que teníamos antes del 27 de febrero último.

En conclusión, es justo reconocer que la Ley N° 19284 representó un gran adelanto para los fines de las personas con discapacidad y que este nuevo cuerpo legal (Ley N° 20422) será otro paso adelante. Del mismo modo, los esfuerzos por revitalizar la participación de la sociedad civil en el tema, tendrá que rendir frutos favorables en los procesos de normalización de las personas con discapacidad.

Así también, creo firmemente que los intereses de las personas con discapacidad visual deben ser representados por ellos mismos. En otras palabras, “nada para las personas con discapacidad sin ellas”. Para ello, es fundamental el involucramiento de las instituciones y las personas del área, en todos aquellos procesos que comprometan su desarrollo: educación, implementación de sistemas de rehabilitación funcional y de capacitación laboral, políticas nacionales sobre la discapacidad, etc.

Junto con ello, tenemos que idear formas de apoyar el movimiento de “autoayuda”, vale decir, fortalecer el trabajo e incrementar el poder de gestión de las instituciones de personas con discapacidad: formación de dirigentes, fortalecimiento económico de las entidades, entre otros.

Estoy cierto que si el Estado no avanza claramente hacia unas políticas de inversión y puesta en marcha de una normativa legal apoyadora, menos declarativa y más práctica, no serán demasiados los avances que se obtengan en el área de la discapacidad. Si el Estado no implementa sistemas de acompañamiento a las minorías vulnerables, como nuestra área, es muy difícil que se alcancen los objetivos de estas personas. Hasta ahora, han sido esencialmente entidades privadas las que han impulsado Proyectos y Programas a favor de este sector, asumiendo una función de Estado. Es tiempo que en la planificación y concreción del país fuerte, moderno, desarrollado y solidario se incluyan todos los servicios que posibilitan una real integración – inclusión de las personas que portan alguna discapacidad.

Sin duda, el mega terremoto vino a acentuar las dificultades que cotidianamente deben enfrentar las personas con discapacidad, pero también, nos hace alimentar grandes esperanzas en que nuestro Estado nos haga salir de la condición de habitantes invisibles. No sólo anhelamos representar un número en alguna estadística, sino que necesitamos ser “sujetos de derecho” activos y aportadores a la comunidad y patria de la cual somos legítimos integrantes.

Conclusiones:

 

En concordancia con las iniciativas y políticas impulsadas por el supremo gobierno de Chile, en particular con el Programa que se trabajará en conjunto con la Unión Europea, los objetivos especiales de re-construcción originados por la situación que deriva de las consecuencias causadas por el mega-terremoto y maremoto que afectara a más de ochocientas mil personas, de las cuales al menos, ochenta mil debieran ser Personas con discapacidad; cifra que se infiere de las estadísticas de prevalencia de la discapacidad en la población general que vive en nuestro País, y considerando que las medidas que ha consideración se presentan no sólo, atingen a las personas con discapacidad que viven en la zona afectada por el mega-terremoto, sino que a todo el territorio nacional, es que se propone:

1)    Es urgente que el estado reconozca y financie Programas de Rehabilitación funcional para las personas con discapacidad visual.

2)    El estado y la sociedad civil deben asegurar el efectivo respeto al derecho que le asiste a las personas con discapacidad a los servicios de Educación, Rehabilitación, acceso a la Información y la Cultura y a vivir en un entorno amable, integrador, no discriminador y facilitador para el real ejercicio de todos los derechos que le son propios, como legítimos miembros de una comunidad determinada.

3)    Es indispensable modificar la ley de subvención escolar, a fin de autorizar el pago de subvención para los centros o escuelas especiales, no por asistencia media del alumno, sino por matrícula efectiva.

4)    Del mismo modo, es urgente ampliar  los beneficios de dicha subvención a alumnos con discapacidad visual mayores de 26 años, que cursen en escuelas especiales o centros especializados programas de Rehabilitación Funcional, con fines de independencia o autonomía y/o en programas de Rehabilitación Profesional (capacitación o formación laboral), con fines de inserción en un puesto de trabajo.

5)    Es preciso normar o hacer respetar la normativa que exigen que las construcciones o reconstrucciones de uso público incluyan todos aquellos elementos que aseguren su uso para las personas con discapacidad, esto es señal ética adaptada a las condiciones de las diversas personas con discapacidad, accesibilidad respetando medidas del diseño universal.

6)    Deben crearse las condiciones para que el estado otorgue un aporte o subvención específico de construcción, o para reconstrucción de edificios destinados a escuelas o centros especializados en la entrega de servicios a niños, jóvenes y adultos con discapacidad.

7)    Es preciso motivar el aporte de privados, personas o entidades, empresas que a través de las leyes de donación con franquicia tributaria vigentes o aquellas que se promulguen en el futuro; a fin de favorecer, también, el fortalecimiento de los servicios (Educación, Rehabilitación, Inserción Socio-Laboral, acceso a la Información y la Cultura, etc) destinados a personas con discapacidad.

8)    Se hace necesario crear  las condiciones para el fortalecimiento económico de las entidades de auto-ayuda (Instituciones integradas y dirigidas por las propias personas con discapacidad), a fin de mejorar su representatividad y capacidad de auto gestión, posibilitando una interlocución válida y  aportadora en los procesos de modernización y formulación de políticas y cuerpos legales que conciernen a esta área.

Patricio Parada Ceballos

Director Proyectos y Relaciones Públicas

Corporación de Ayuda al Limitado Visual

COALIVI

Concepción – Chile